Eficiencia ejecutiva de sentencias en el sistema procesal general panameño
Executive efficiency of judgments in the panamanian general procedural system
DOI:
https://doi.org/10.59722/pluseconomia.v14i2.1293Palabras clave:
ejecución de sentencias, tutela judicial, gestión procesal, eficiencia jurisdiccional, cumplimiento coercitivoResumen
La investigación se erige como un eje central para garantizar la efectividad de la justicia en el ámbito del Derecho Procesal General panameño, particularmente en lo relativo a la ejecución de sentencias, la cual se encuentra regulada por las disposiciones del sistema procesal civil y complementada por la normativa sobre desacato vigente en Panamá. El objetivo del estudio fue evaluar la eficiencia ejecutiva de las sentencias en el sistema procesal general panameño, identificando fortalezas doctrinales y barreras prácticas mediante la revisión de doctrina, jurisprudencia y reportes institucionales recientes. Metodológicamente, se adoptó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, sustentado en una revisión documental intencional de fuentes relevantes, con un análisis interpretativo orientado a detectar patrones en términos de celeridad, cumplimiento y obstáculos en la fase ejecutiva. Entre los resultados más relevantes, la doctrina procesal civil destaca el carácter obligatorio de la ejecución de las decisiones judiciales, así como la existencia de mecanismos coercitivos destinados a asegurar su cumplimiento. No obstante, se evidencian ineficiencias estructurales persistentes, tales como dilaciones indebidas en la tramitación de incidentes y recursos, sobrecarga de los despachos judiciales, deficiencias en la gestión administrativa y limitada coordinación interinstitucional, factores que inciden negativamente en la efectividad de la ejecución. Se concluye que, si bien el marco normativo promueve una ejecución eficaz de las sentencias, las deficiencias estructurales y operativas erosionan la tutela judicial efectiva y la confianza en el sistema de justicia. En consecuencia, resulta imperativo fortalecer la modernización tecnológica del sistema judicial, optimizar la gestión procesal y adoptar protocolos orientados a prevenir prácticas dilatorias, a fin de armonizar la solidez doctrinal con una ejecución práctica eficiente.
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